Economía Feminista Plantea un Nuevo Paradigma de Desarrollo

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Fuente: Social Watch

La equidad de género es un elemento clave de cualquier programa genuino hacia el desarrollo sustentable. Análisis incluidos en el Informe de Social Watch 2012 y sus aportes nacionales demuestran, una vez más, el estancamiento de la lucha contra esas disparidades, que tiene consecuencias desastrosas en materia de pobreza, cambio climático y seguridad alimentaria.

“Hombres y mujeres desempeñan papeles distintos en la economía, particularmente en áreas como la producción de alimentos, el consumo de combustible, la gestión de recursos y la respuesta ante los desastres. Como resultado, hombres y mujeres se ven afectados de manera distinta por el cambio climático y cada género se encuentran en condiciones de realizar contribuciones singulares a los esfuerzos de adaptación y mitigación”, escribió la experta canadiense Kate McInturf, de la Alianza Feminista para la Acción Internacional, en el capítulo del informe titulado “Verde e igualitario: financiación para el desarrollo sustentable y equitativo”.

“Las mujeres constituyen la mayoría de los productores de alimentos a pequeña escala. Están mucho más propensas que los hombres a ser responsables del cultivo, la preparación de alimentos y su distribución en sus familias y comunidades”, agregó McInturf.

La experta relató el caso de las trabajadoras agrícolas de Montalban, Filipinas. “las mujeres han respondido al impacto de los patrones cambiantes del clima y al aumento de los costos de los fertilizantes, modificando sus métodos de cultivo y la variedad de arroz que cultivan– lo que ha redundado en bajas emisiones de gases de efecto invernadero, en un menor uso de fertilizantes y en cultivos que están mejor adaptados”, explicó.

“Como demuestra este ejemplo, los fondos de cambio climático descuidan el rol de la mujer en la producción de alimentos, desaprovechando una oportunidad de generar un impacto significativo tanto en la seguridad alimentaria como en los esfuerzos de adaptación y mitigación”, añadió McInturf.

El Informe también menciona un estudio anterior de Social Watch titulado “Más allá de Beijing: La hora de la economía de género”, según el cual, de acuerdo con investigaciones en economía feminista, “más de 50% de las horas de trabajo no son remuneradas y, por lo tanto, no son registradas en el PIB”, y “si se contabilizara este trabajo invisible resultaría que cerca de dos tercios de la riqueza es generada por mujeres”.

“Las mujeres del mundo trabajan más cantidad de horas, su participación en el sector formal del mercado laboral es menor que la de los hombres y reciben menos ingresos y tienen menos beneficios de protección social que estos. La economía feminista exige un nuevo paradigma de desarrollo que no esté basado exclusivamente en el crecimiento económico”, agrega el estudio. “En el modelo clásico, las actividades esenciales para la vida de la familia y la comunidad son ignoradas pues ocurren fuera de los mercados. Éstas incluyen mantener un hogar, criar niños, atender a los ancianos y una gran porción de la producción de comida y el cuidado de los cultivos. Dado que todo esto es llevado a cabo informalmente, sin contratos ni intercambio de dinero, se lo considera ‘actividad no-económica’, no sólo desde los libros de texto de economía sino también desde el Sistema de las Naciones Unidas de Cuentas
Nacionales.”

MacInturf enriquece este análisis al observar que, “A pesar de que las mujeres constituyen la mayoría de los pequeños agricultores, y que están en mejores condiciones para responder a la inseguridad alimentaria, tienen considerablemente menos probabilidades de obtener la propiedad formal de la tierra que cultivan”, pues no se les reconoce ese derecho. Para colmo, “en tiempos de escasez de alimentos, las mujeres suelen asignar más alimentos a los miembros masculinos de la familia que a los femeninos.”

“Una evaluación de los fondos de cambio climático sensible al género debe tomar en cuenta no solo cómo se distribuyen los fondos, sino hasta qué punto éstos son asignados para abordar los impedimentos estructurales para la plena participación de las mujeres en los esfuerzos de adaptación y mitigación”, concluyó McInturf. “Por otra parte, la administración y diseño de los fondos deben realizarse de manera equitativa entre géneros, incluyendo la participación de las mujeres y las organizaciones de derechos de las mujeres en cada nivel de la toma de decisiones.”

“Reducir la carga de trabajo no remunerado no solo aumenta la capacidad de las mujeres para participar en el trabajo remunerado y, por tanto, de aumentar su independencia económica. También puede aumentar las oportunidades educativas para mujeres y niñas. El aumento de los niveles educativos para las mujeres, a su vez, ha arrojado resultados positivos en su salud y la salud de sus familias. Ninguno de estos impactos, sin embargo, puede ser medido sin medir la naturaleza y el efecto del trabajo no remunerado sobre las mujeres y sus comunidades”, escribió la experta.

McInturf destacó que la formulación de leyes presupuestales basadas sobre el género y el clima “suponen que el gasto es una oportunidad de cambio para mejor para una macroeconomía que sea sustentable y equitativa, que mida el progreso en términos de bienestar, no de PIB, que tome el cambio en la calidad de vida, no solo en la economía monetizada”. Pero “en la práctica, estos presupuestos a menudo invocan tanto las ideas de equidad y justicia y los argumentos económicos tradicionales relativos a la rentabilidad y el crecimiento. En tiempos de crisis económica mundial resulta difícil argumentar que no se deba prestar atención a los costos y a la productividad. […] Frente a la tesis de que la justicia y la igualdad son enormemente caras, quienes proponen proyectos presupuestales climáticos y de género deben enfrentarse a la contradicción inherente a sus propias tácticas: deben tomar en cuenta si están o no dispuestos a realizar reclamos de justicia e igualdad, incluso cuando los objetivos finales sean antagónicos al crecimiento del mercado y a la productividad.”

El estudio anterior de Social Watch sobre economía feminista marcaba la necesidad de establecer “sistemas de seguridad social universales y holísticos”. “Un desarrollo sustentable, inclusivo e igualitario requiere un cambio en la teoría económica que debe ser reflejado en la práctica. No se trata de apuntar al crecimiento y formular algunas políticas destinadas a las mujeres, sino de diseñar e implementar un nuevo paradigma de desarrollo con iguales derechos y oportunidades para todos, sin forma alguna de discriminación.”

Una lucha difícil tanto en países pobres como ricos

Los capítulos del Informe de Social Watch 2012 referidos a Canadá y Afganistán son buenos ejemplos de las dificultades que se interponen en el camino hacia la equidad de género en los países pobres y en los ricos.

Aunque el gobierno afgano se comprometió a combatir la desigualdad y especialmente a eliminarla en todos los niveles del sistema de enseñanza para 2020, solo 6% de las mayores de 25 años recibieron algún tipo de educación formal y apenas 12% de las mayores de 15 son alfabetas, según un estudio publicado el año pasado por la agencia humanitaria OXFAM.

Alrededor de 40% de las entrevistadas por la organización consideraron que la pobreza es el principal escollo para el acceso de las niñas a la educación, y un porcentaje similar destacaron los matrimonios precoces y forzados.

El estudio de OXFAM menciona también los desafíos que representan la escasez de educadores, especialmente mujeres, la mala infraestructura de los centros de estudios, en particular los de áreas rurales, y la inseguridad, la reclusión de las mujeres, los prejuicios basados sobre creencias religiosas y las amenazas de insurgentes. Una ola de ataques a niñas con ácidos y gases llevó a muchas a abandonar los estudios. Pero la esperanza renació luego de que los Talibán anunciaron que abandonarían la práctica de incendiar escuelas y otras dirigidas a desalentar la asistencia de las niñas.

Por otra parte, el informe elaborado por FAFIA sobre Canadá identifica a las mujeres como “las amortiguadoras en situaciones de crisis económica, pues llevan una mayor carga del trabajo no remunerado y sufren la precarización de su integración en el sector formal”.

“Las canadienses figuran entre las primeras mujeres que regresaron al mercado laboral tras la recesión, pero eso no se tradujo en más bienestar o estabilidad económica”, dada su “mayor posibilidad de ser empleadas por media jornada o de desempeñar trabajos no remunerados. Más aun: continúan sufriendo una de las brechas salariales de género más amplias ente los países de la OCDE”, advierte el informe.

“Dos tercios de las madres de niños menores de seis años tienen trabajo remunerado”, pero “el gobierno canceló un programa de guarderías infantiles en beneficio de padres trabajadores”, y las mujeres con trabajo no remunerado, las jefas únicas de hogar y las aborígenes reciben subsidios tan bajos “que el Presidente del Consejo Nacional de Bienestar Social los ha calificado de “vergüenza moralmente insostenible para un país rico”.

Las canadienses, y sobre todo las de pueblos originarios, también son víctimas de violencia de género. Más de 500 aborígenes desaparecieron o fueron asesinadas en los últimos 40 años

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Familia / Trabajo: el cuidado en la agenda

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Fuente : ELA- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

En los últimos años, se ha denominado “conflicto familia y trabajo” a las dificultades que enfrentan las mujeres y varones para cuidar de sus hijos y, al mismo tiempo, permanecer en el mercado laboral. Este conflicto se produce porque las mujeres se han insertado masivamente en el mercado laboral, pero no se ha modificado la forma en la cual se organiza el cuidado de las personas dependientes del hogar. Las mujeres siguen siendo las principales encargadas de dicha tarea.

Cuidar de las personas que lo necesitan es un trabajo y al mismo tiempo, ser cuidado es un derecho reconocido en diversos instrumentos de derechos humanos y algunas constituciones de la región. Son los niños, niñas, ancianos, ancianas y las personas enfermas o con discapacidad quienes requieren mayores cuidados o un cuidado especial.

En nuestra sociedad la responsabilidad de cuidar recae en las mujeres y una de las principales causas es la división sexual del trabajo, que asigna ciertas responsabilidades y saberes a las mujeres y a los varones. El trabajo no remunerado como el cuidado de las personas y el doméstico es adjudicado casi exclusivamente a las mujeres. Este reparto es un importante condicionante de la participación femenina en el mercado laboral y el desarrollo de la mujer en igualdad de condiciones.

La encuesta realizada por ELA en la ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires entre julio y agosto de 2011 confirma la inequidad existente en el trabajo de cuidado que efectúan las familias. En los hogares con niños y niñas de hasta 13 años, la responsabilidad de cuidarlos recae principalmente en las madres (76%). Los padres se involucran en menor medida (22%). También participan las abuelas, tías, hermanas o hermanos mayores (18% y 10% respectivamente). Sólo un 5% de estas familias contrata personal para el cuidado de niños y niñas, siendo este índice un indicador del bajo nivel de mercantilización de estas tareas.

“Si bien los varones se involucran más en el cuidado de sus hijos, su intervención se limita a llevarlos a la escuela, al médico u otras actividades, pero se desentienden de obligaciones como preparar la comida y alimentar a los niños, jugar con ellos y ayudarlos a realizar la tarea de la escuela, entre otras”, explica Carla Zibecchi, socióloga de ELA y responsable de la investigación.

Según se desprenden de los datos relevados por ELA, la principal estrategia de cuidado de los hogares con personas pequeñas es la red familiar, integrada por un abuelo, abuela, tío, tía, hermana o hermano. Otra de las estrategias más utilizadas es la posibilidad de escolarizar a los niños y niñas. “El sistema educativo argentino cubre eficazmente esta necesidad en el nivel primario (100% de las niñas y los niños de más de 6 años concurre a escuelas públicas y privadas), pero la situación difiere cuando en los hogares viven chicas y chicos menores de 3 años (70% no está escolarizado), ya que la oferta estatal de jardines maternales y servicios educativos para los y las más pequeñas es insuficiente”, aclara Zibecchi.

Cabe señalar que del 18% del gasto mensual que las familias destinan al cuidado de niños y niñas, un 58% es para educación. En salud se gasta el 21%.

En Argentina son pocas las políticas de conciliación para las mujeres insertas en trabajos asalariados y refieren principalmente al período de gestación, alumbramiento y lactancia. Existen otras medidas que benefician principalmente a la población femenina puesto que suponen que son las mujeres las que cubrirán las necesidades de cuidado de niños y niñas (licencias por enfermedad, acceso a guarderías, entre otras).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 156 establece que los Estados deben incluir políticas que permitan a las personas con responsabilidades familiares ejercer su derecho a trabajar sin ser discriminadas. Las políticas y acciones de conciliación familia y trabajo pretenden atender dicho conflicto garantizando a los progenitores la posibilidad de cuidar de sus hijos, y al mismo tiempo, permanecer en el mercado laboral.

Tal como señala Laura Pautassi, socia e investigadora de ELA, “el cuidado como derecho conlleva para el Estado no sólo obligaciones negativas (abstenerse de entorpecer los servicios de guarderías infantiles, no impedir el acceso de un adulto mayor al sistema de salud), sino también obligaciones positivas, principalmente la provisión de los medios para poder cuidar y garantizar que el cuidado se lleve adelante en condiciones de igualdad”.

Es urgente incluir este debate en la agenda pública, ya que varias investigaciones señalan que en los próximos años el envejecimiento de la población va a incrementar las responsabilidades vinculadas con el cuidado de los adultos mayores, y continuará la prolongación de los procesos de independencia de los hijos e hijas en algunos sectores de la población. Situación que significará un aumento en las responsabilidades de cuidado de las mujeres en detrimento de su autonomía y goce de sus derechos.

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